"Ignorar a los pobres es despreciar a Dios" Francisco

miércoles, 9 de febrero de 2011

INFORME MERCADO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Yaissel Sánchez Orta
Secretaria de Acción Sindical y Empleo, UGT l'Alacantí 

La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y el convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales proclaman el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección, reconociendo expresamente los derechos de los discapacitados y la necesidad de garantizar su autonomía, su integración social y profesional, y su participación en la sociedad.

Todos los foros de ámbito europeo y mundial apuntan medidas dirigidas a garantizar la independencia, integración y participación en la vida social de las personas con discapacidad. Entre estas medidas se apunta el empleo preferentemente en el mercado laboral ordinario como pieza clave para la inserción social de los discapacitados.

Las estadísticas muestran que las personas con discapacidad, sufren niveles inaceptablemente bajos en empleo; y el acceso al mercado laboral es una carrera de obstáculos entre los que hay que salvar currículos brillantes, experiencia laboral y un largo etcétera; si a todo esto se le añade un problema derivado de una minusvalía, el proceso de búsqueda de empleo se complica enormemente.

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PARO

Al finalizar el año 2010, las personas paradas en la provincia con discapacidad eran 3.499, siendo por género 1.803, un 51,52%, hombres y 1.696 mujeres, un 48,47%.

PARADOS POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO

Por tramos de edad el mayor número de parados/as se encuentra en los rangos de 35 a 44 años y de 45 a 54 años, que representan el 27% del total de las personas con discapacidad, en números absolutos 945 y 948, respectivamente. A continuación, el comprendido entre 25-34 años con 593 y, por último, los más jóvenes de 16 a 24 años con 334.

En los hombres con discapacidad el tramo de edad más significativo de parados es el comprendido entre 35-44 años que representa el 29,06%, mientras que en las mujeres, el mayor porcentaje se sitúa en las edades entre 45 y 54 años con el 28,24%.

PARADOS POR TIPO DE DISCAPACIDAD

En cuanto a la primera discapacidad declarada por los demandantes, se encuentra en mayor término las físicas con 1.573 (44,95%), seguido de las psíquicas 1.228 (35,09%), y a continuación las sensoriales y las del lenguaje con 597 (17,06%) y 65 (1,85%), respectivamente.

CONTRATACIÓN.

En relación a la contratación, de enero a diciembre se realizaron un total de 1.947 contratos a las personas discapacitadas, lo que significa un 0,48% del total de la contratación en la provincia de Alicante. De los 1.947 contratos, 281 son indefinidos; representando los hombres asalariados con discapacidad 148 (56,66%) y las mujeres 133 (47,33%). En relación a la contratación determinada, de los 1.666 contratos realizados, los hombres representan el 62,54%; mientras que las mujeres trabajadoras discapacitadas un 37,45%, una diferencia de 25,09 puntos.

CONTRATOS POR TIPO DE DISCAPACIDAD

En relación a la primera discapacidad declarada para los trabajadores asalariados de este colectivo, se encuentra en mayor término las físicas con 1.171 (60,14%), siendo un 15,20% indefinidos y 84,79% temporales.

Para UGT-PV L´Alacantí es fundamental la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, pero uno de los factores más importantes es la integración laboral. Y estos datos vienen a demostrar que la situación del empleo en el colectivo de las personas discapacitadas es muy precaria, y que las mujeres con discapacidad tienen una condición más desfavorable que la de los hombres en materia de paro y de contratación.

Si analizamos el porcentaje de contratación respecto a los contratos indefinidos y el número de contratos temporales, podemos ver que la gran mayoría de los contratos realizados con los trabajadores con discapacidad se circunscriben a contratos temporales.

Además la falta de integración en el mercado laboral está condicionada por diversos factores que dificultan su inserción, entre ellos el nivel de paro general, los prejuicios sociales y empresariales, la baja cualificación profesional, las pocas posibilidades de promoción y la falta de adaptación de los puestos de trabajo.

La ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) obliga a las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores a contar, al menos, con un 2% de trabajadores/as con discapacidad en su plantilla, que no se cumple en la gran mayoría de las empresas.

Los empresarios siguen sin aprovechar las fórmulas de contratación para promover la integración laboral de las personas con discapacidad, que van desde las bonificaciones por contratación hasta las subvenciones para adaptaciones y ajustes en el puesto de trabajo.

UGT reivindica la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad a través del empleo y reclama políticas adecuadas para lograr la activación de estos trabajadores de cara a su inclusión en la sociedad por medio de la obtención de un puesto de trabajo, y reforzando a través de la negociación colectiva la garantía de los derechos laborales en condiciones de igualdad.

Desde la Unión General de Trabajadores, se reivindica la inserción en la sociedad de las personas con discapacidad a través del mundo del trabajo y en nuestra labor de interlocutores sociales, reclamamos políticas adecuadas para lograr la activación de estos trabajadores de cara a su inclusión en la Sociedad por medio de la obtención de un puesto de trabajo, y reforzando a través de la negociación colectiva la garantía de los derechos laborales en condiciones de igualdad.

Por otra lado, decir que sí el periodo anterior a la crisis con un fuerte crecimiento de empleo, no implicó un aumento de la calidad y la igualdad; una época de crisis puede conllevar el cuestionamiento de los tímidos avances conseguidos en materia de igualdad de trato y oportunidades y lucha contra la discriminación en el ámbito laboral.

Reivindicar la puesta en marcha del Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, tal y como establece la Ley del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.

Y, por último, exigir que se efectúe un seguimiento de las condiciones laborales de los Centros Especiales de Empleo y que estos mantengan su carácter social de tránsito hacia el empleo, y no que se conviertan en eternos aprendices.

Alicante, 4 de Febrero de 2011

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